La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia que había rechazado un amparo contra una empresa que retenía la cuota sindical sólo a una parte de sus trabajadores afiliados. Consideró que la selección unilateral, basada en el criterio de la empleadora sobre el alcance de la representación gremial, implicaba una injerencia indebida en la organización sindical.
El fallo del 21 de octubre corresponde al reclamo del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy y Formosa contra Refinería del Norte y otro. La Corte declaró parcialmente procedente el recurso y ordenó un nuevo pronunciamiento. El texto completo está disponible en SIAP.
La autoridad de aplicación había homologado una cuota del 2,5% sobre los conceptos remunerativos, incluido el sueldo anual complementario. La disposición aplicable al caso ordenaba practicar la retención sobre la base de la planilla que debía remitir el sindicato con la nómina de afiliados y los importes.
La empresa efectuaba descuentos a un grupo de doce trabajadores y excluía al personal administrativo porque, según su interpretación, no integraba el ámbito de representación del sindicato. Las instancias anteriores entendieron que había una controversia de encuadramiento que excedía el amparo.
Para la Corte, decidir por cuenta propia a qué afiliados retener implicaba atribuirse facultades ajenas al empleador. Las cuestiones de encuadramiento cuentan con sus procedimientos ante la autoridad competente y la posibilidad de revisión judicial; su eventual existencia no justificaba la conducta discutida.
La sentencia vinculó la retención con la libertad sindical y la autonomía financiera de la entidad. La disponibilidad de los aportes de los afiliados sostiene sus actividades y su capacidad de representación, de modo que la selección empresarial afectaba también su funcionamiento.
El caso trata sobre cuotas de trabajadores afiliados, una nómina informada y una disposición administrativa específica. No establece una alícuota general del 2,5% para cualquier actividad ni equipara la cuota de afiliación con todos los aportes solidarios de convenio. Esas diferencias deben preservarse al parametrizar los descuentos.
La revisión del circuito de liquidación debe identificar el concepto, la documentación de afiliación, la comunicación del sindicato y el instrumento que fija la base y la tasa. Un desacuerdo sobre la representación no reemplaza los procedimientos competentes ni habilita, en las condiciones examinadas por la Corte, a depurar unilateralmente la nómina de afiliados.
El tribunal examinó las disposiciones aplicables a los hechos del expediente, entre ellas el artículo 38 de la Ley 23.551 y el artículo 132, inciso c, de la LCT en su texto de entonces. La aplicación a liquidaciones actuales exige considerar el marco vigente y las particularidades de cada régimen.
La Corte no fijó una reparación definitiva por los daños reclamados. Tampoco declaró inconstitucional el artículo 24 del Decreto 467/1988: ese planteo fue considerado inadmisible por falta de fundamentación suficiente. El reenvío obliga a resolver nuevamente el conflicto conforme al criterio establecido sobre la retención y la libertad sindical.
