El rechazo parlamentario de los decretos 340/25, 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 había dejado sin marco legal a sectores estratégicos. Ahora, el Ejecutivo repone las normas previas para asegurar continuidad administrativa, laboral y sindical.
El Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 627/2025 y 628/2025, mediante los cuales resolvió restituir la plena vigencia de normas derogadas por disposiciones anteriores que fueron rechazadas por ambas Cámaras del Congreso.
Con estas medidas, el Gobierno busca evitar un vacío normativo que afectaba tanto a la Marina Mercante Nacional como a diversos organismos de la Administración Pública.
El DNU 628/25 repone el marco legal previo al Decreto 340/25, que había creado un régimen de excepción para la Marina Mercante. El rechazo parlamentario de ese decreto había generado incertidumbre regulatoria. Ahora se garantiza nuevamente la validez de los derechos laborales y sindicales del sector, como la negociación colectiva y el derecho a huelga, además de reinstaurar las condiciones operativas y de matriculación de buques.
Por su parte, el DNU 627/25 restituye la vigencia de las normas que habían sido derogadas o modificadas por los Decretos 345, 351, 461 y 462 de 2025, los cuales establecían la fusión, disolución o transformación de organismos estatales. El rechazo del Congreso había dejado sin esquema legal claro a entidades como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INTI, el INTA y el INV, entre otros.
La decisión presidencial apunta a asegurar la continuidad administrativa y evitar interpretaciones contradictorias. Según los considerandos, el rechazo legislativo de los decretos genera su derogación hacia el futuro, pero no restituye automáticamente las normas previas, por lo que era necesario un acto expreso.
El Gobierno instruyó a las jurisdicciones y autoridades competentes a dictar los actos administrativos necesarios para garantizar la operatividad de los regímenes restablecidos.
El DNU 628 remarca la importancia estratégica de la Marina Mercante como motor del comercio exterior, del empleo calificado y de la soberanía nacional. En tanto, el DNU 627 subraya la necesidad de dar previsibilidad al funcionamiento de los organismos estatales para sostener la gestión pública.
Ambas medidas, que entran en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, serán informadas a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, en cumplimiento de la Ley 26.122.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca reforzar la seguridad jurídica y despejar dudas en sectores clave de la economía y la administración nacional, en un contexto de fuerte tensión política tras el rechazo de varios decretos delegados y de necesidad y urgencia.