El Presupuesto 2026 prevé que la presión tributaria suba al 22,74% del PBI, impulsada por el crecimiento de Ganancias (+23,2%), IVA (+18,7%) y retenciones. En paralelo, el Gobierno avanza con una reforma fiscal que contempla un impuesto mínimo del 15%, pero el proyecto no prevé reducciones ni eliminación de tributos vigentes.
El Informe de Avance sobre el Proyecto de Presupuesto 2026, remitido por el Gobierno al Congreso, anticipa un incremento de la presión tributaria, que pasará del 22,23% del PBI estimado en 2025 al 22,74% en 2026, un salto de 0,51 puntos porcentuales.
Según el documento, esta suba responde al efecto combinado de la recuperación de la actividad económica, la mejora de los salarios nominales, la eliminación de rebajas impositivas y el crecimiento de las exportaciones.
El Impuesto a las Ganancias es uno de los motores principales de este aumento: crecerá un 23,2% interanual, gracias al incremento de precios, el mayor volumen de importaciones que generan percepciones adicionales, y la actualización de la liquidación de anticipos. En términos del PBI, Ganancias sumará 0,15 puntos porcentuales adicionales, consolidándose como uno de los tributos con más peso en la recaudación.
Por su parte, el IVA, que representa el 31% de la recaudación total, subirá un 18,7%, impulsado por el crecimiento del consumo interno en términos nominales. Aunque en proporción al PBI retrocederá 0,06 p.p. por la normalización de regímenes especiales, seguirá siendo un pilar clave de los ingresos.
El otro gran protagonista será el Derecho de Exportación, que aumentará un 66,7%, pasando del 1,07% al 1,5% del PBI. Este salto se explica por el fin de la rebaja de alícuotas del Decreto N°38/2025, que expirará este año, y por una proyección de crecimiento real del 10,3% en las exportaciones.
En contraposición, el Impuesto sobre los Bienes Personales reducirá su recaudación en un 13%, por la rebaja de la alícuota máxima del 1,25% al 1%, la caída de retenciones por la eliminación de percepciones en compras de divisas y la menor adhesión a regímenes anticipados.
Entre otros tributos destacados, el Impuesto sobre Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono trepará un 61,2%, producto de las actualizaciones de sumas fijas según el Decreto N°501/2018. También crecerán el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (+20,2%) y las contribuciones a la seguridad social (+17,9%), apuntaladas por la mejora de los salarios imponibles y el aumento del empleo registrado.
El Gobierno detalló que el 61,3% de la recaudación tributaria quedará en manos de la Administración Nacional, mientras que el 32% se coparticipará con las provincias. Según las proyecciones, la recaudación nacional crecerá un 22,5%, mientras que los recursos de origen nacional de las provincias aumentarán un 21,3%, alcanzando el 7,27% del PBI.
Este incremento de la presión fiscal ocurre en paralelo con la consolidación del superávit fiscal en el consolidado provincial, que pasó de un déficit del 0,3% del PBI en 2023 a un superávit del 0,2% en 2024. Para 2025 se prevé equilibrio primario, aunque con un leve déficit financiero por el crecimiento del gasto en personal y en inversiones de capital.
En este contexto, el Ejecutivo ratificó su compromiso de mantener el orden de las cuentas públicas y reducir gradualmente la carga tributaria en el mediano plazo, aunque reconoció que en 2026 el impacto de la recuperación de las bases imponibles y la eliminación de beneficios transitorios provocará una presión fiscal más alta.
Pese a que el discurso oficial destaca la necesidad de aliviar la carga fiscal en el mediano plazo, el proyecto presupuestario no contempla en 2026 reducciones ni eliminación de impuestos vigentes. Por el contrario, las proyecciones parten de la continuidad plena de la estructura tributaria actual, con actualizaciones de bases imponibles y normalización de regímenes transitorios.
De hecho, en el mensaje remitido al Congreso se afirma que la consolidación del equilibrio fiscal requiere preservar la recaudación, priorizando el orden de las cuentas públicas por sobre la baja de la presión impositiva. La única rebaja que se refleja en la estimación es la que ya rige sobre Bienes Personales, cuyo impacto será menor por la reducción de la alícuota máxima al 1%.
Desde el Gobierno, reconocen que la reforma tributaria integral que se discute en paralelo no tendrá un impacto inmediato en 2026. Al contrario, en esta primera etapa no implicará reducciones de impuestos generales y se enfocará en simplificar el sistema, limitar beneficios especiales y modernizar la fiscalización.
Este avance en la recaudación ocurre en paralelo a la reforma tributaria integral que prepara el Gobierno. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, confirmó a El Cronista que se evalúa implementar el Pilar 2 de la OCDE, que implicaría un impuesto mínimo global del 15% a las ganancias de grandes empresas, en línea con los compromisos internacionales.
“Ninguna recaudación es poca. Estamos analizando con mucha atención el Pilar 2, pero no vamos a implementarlo a cualquier costo”, aseguró Balestrini en el Seminario de la International Fiscal Association, donde participaron referentes internacionales del derecho tributario.
El objetivo oficial es simplificar el sistema, reducir la cantidad de tributos y avanzar con la eliminación gradual de impuestos considerados distorsivos. Entre los focos de revisión, se encuentra el régimen promocional de Tierra del Fuego, que podría ver recortados incentivos fiscales que, según la funcionaria, “ya no responden a necesidades concretas”.
El plan contempla que los beneficios fiscales sean decrecientes y con límites temporales, para evitar que se consoliden como “derechos adquiridos” que comprometen recursos públicos de manera indefinida.
Otro aspecto clave será la revisión de los quebrantos impositivos, que generan tensiones con grandes contribuyentes y estudios contables. El reciente dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos que niega la actualización por inflación encendió la alerta en el sector privado, que evalúa recurrir a la Corte Suprema basándose en el precedente del caso Telefónica.
Si bien la subsecretaria aclaró que la premisa es no crear nuevos impuestos país, también admitió que se estudia que, en caso de aplicar el impuesto mínimo global, la renta quede en la Argentina y no sea capturada por jurisdicciones extranjeras.
El cronograma prevé que el proyecto de reforma tributaria se presente este año, en paralelo con la consolidación fiscal que impulsa el Poder Ejecutivo.