La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, permitiendo al oficialismo avanzar con la media sanción de la ley económica central del año.
Sin embargo, durante el tratamiento en particular, el debate por capítulos derivó en un revés político significativo para el Gobierno, al quedar rechazado uno de los bloques normativos más relevantes del proyecto.
El foco del conflicto fue el Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas sancionadas por el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo y luego ratificadas por el Parlamento.
Ese capítulo también contenía disposiciones sobre la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, cambios en el carácter móvil de las asignaciones familiares y otras modificaciones de fuerte impacto social y presupuestario.
Pese a la estrategia oficialista de votar por capítulos y sumar artículos de último momento, el Capítulo XI fue rechazado en su totalidad por 124 votos en contra, 115 a favor y 2 abstenciones, quedando excluido del texto final.
Tras esa decisión, sectores de la oposición intentaron reincorporar parcialmente artículos vinculados al financiamiento científico, energético y productivo, pero esas propuestas no prosperaron.
De este modo, el Presupuesto 2026 quedó aprobado sin las reformas más controvertidas, reflejando un escenario de equilibrio legislativo ajustado: el oficialismo logró la media sanción en general, pero no pudo imponer cambios estructurales clave.